Pros y contras de la suspensión de visitas por denuncias de maltrato

Pros y contras de la suspensión de visitas por denuncias de maltrato



La reforma por la que se modifica el artículo 94 del Código Civil establece que «no procederá el establecimiento de un régimen de visitas respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos». Tampoco si el juez advierte indicios fundados de violencia de género o doméstica, lo que implica retirar las visitas tanto a padres como a madres, aunque la estadística demuestra que hay muchas más agresiones de hombres a mujeres que al revés. La norma precisa, no obstante, que el juez podrá mantener las visitas si emite una resolución «motivada en

 el interés superior del menor». Es decir, la norma general será prohibirlas, pero eso podrá no hacerse si se justifica.

Sofía Maraña García,
abogada experta en derecho de familia y penal con más de veinte años de ejercicio en el derecho
, asegura que «la modificación ha sido muy criticada por su imprecisión y su carácter imperativo. A mi juicio, los beneficios son cuatro. En primer lugar, el legislador ha primado la seguridad e integridad de los menores frente a cualquier otro derecho. En segundo, el propósito de dicha modificación es legítimo, ¿por qué? porque la protección a los hijos ante el cúmulo de homicidios habidos a manos de sus padres con el fin de hacer daño a la ex pareja, es real».

La tercera ventaja es que —continúa Sofía Maraña— «a pesar de que la ley dice explícitamente que se suspendan las visitas tras una denuncia de maltrato o abusos, entiendo que cada juez verá caso por caso. Habrá quienes con carácter preventivo (es decir, para evitar un mal mayor), las suspendan, pero habrá otros que no suspenderán dichas visitas si no ven un peligro real; es decir, si no se aportan las pruebas suficientes que acrediten un mínimo indicio de que realmente existe este maltrato. Lo que quiero decir con esto es que dudo mucho que todos los jueces ante una denuncia de este tipo suspendan automáticamente las visitas, ya que si esto fuese así esta ley serviría de coladero para denuncias falsas interpuestas como venganza al otro progenitor».

Hay que recordar –insiste— que «el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya contemplaba la retirada de las visitas ante dichas denuncias y en todos los ámbitos, no solo para menores. Por ejemplo, la orden de alejamiento ya estaba observada ante la sospecha de que una persona se encontrara en una situación de riesgo». Además, la Ley de Violencia de Género del gobierno de Zapatero de 2004 en su artículo 66, ya había regulado esta suspensión de visitas, pero solamente respecto de los hombres, no de las mujeres, cosa que con la actual reforma cambia. «Es decir, con esta modificación de la ley, también pueden ser suspendidas las visitas a las madres que estén denunciadas por maltrato o abuso, aunque reitero que dudo mucho que ningún juez suspenda dichas visitas si no se presentan pruebas e indicios lo suficientemente sólidos».

«Te vas a enterar»

Con respecto a los contras, la aboga Sofía Maraña considera que «el enunciado es confuso porque da a entender que con una simple denuncia se suspenderán las visitas y, siento insistir de nuevo, pero en mi experiencia como letrada de familia y penal, sé que los jueces miran con detalle las denuncias antes de tomar decisiones tan drásticas como es prohibir a un progenitor ver a sus hijos».

Otra desventaja de esta ley, «es que se trata de una medida desproporcionada cuando los delitos son menos graves, leves o puntuales en el transcurso de un divorcio, o cuando no se dirige de manera directa a los hijos: Me explico: que un hombre le diga a su ex pareja, por ejemplo, sin la presencia de los hijos “te vas a enterar”. Este te vas a enterar puede ser muchas cosas, desde criticarla en redes sociales a matar a sus hijos. Y, lógicamente no es lo mismo lo primero que lo segundo», explica.

La gran pregunta entonces para esta letrada es cómo va a dirimir un juez si hay un peligro real ante una amenaza o es fruto de un calentamiento por una discusión en el transcurso de un divorcio. «En casi todos los casos de mis clientes, mientras no se celebra el juicio de divorcio, e incluso después de éste, hay muchos enfrentamientos entre la ex pareja; reproches, insultos, faltas de respeto… y esto no debería ser, a mi juicio, un motivo de peso para la suspensión de visitas a los niños, sobre todo si esto se produce sin que estén delante».

Otra desventaja para la abogada es que «la norma deja menos margen de maniobra a los jueces y esto nos preocupa a todos los letrados que nos dedicamos a esto». El juez deberá justificar por qué mantiene las visitas y, además, deberá realizar pruebas como escuchar al menor, sobre todo si tiene más de 12 años y si es menor de esta edad, al psicólogo y «esta exploración psicosocial, por desgracia se puede demorar meses, incluso años, y, en el caso de que no sea cierta dicha denuncia el daño a los menores es irreparable».

Otra desventaja en dicha ley —continúa la letrada— «es que se ha hecho con mucha precipitación porque, además de que induce a confusión por su imprecisión, es una modificación de un artículo mediante una ley (Ley 8/21) que contempla apoyo a personas discapacitadas, algo que nada tiene que ver con el derecho de familia».

Por último, advierte, «la expresión estar incurso en un procedimiento penal es muy confusa, sobre todo para la opinión pública que desconoce generalmente nuestra legislación penal. Es decir, una cosa es poner una denuncia en la comisaría y otra muy distinta es que el juez la admita a trámite ya que, hay que recordar, no todo lo que se denuncia se tramita, hay muchas denuncias que, por su poco peso en pruebas, son archivadas. Por lo tanto, es muy importante señalar las diferencias entre estar denunciado o estar incurso en un proceso penal. Como letrada, entiendo que dicha expresión significa que no basta la mera denuncia, sino que se haya dictado una resolución judicial con argumentos y, como requisito adicional, que además de dichos indicios, la convivencia suponga un riesgo real para los menores».

Otra desventaja —continúa la letrada— «es que un progenitor puede ver limitada la relación con los hijos en un asunto sobreseído cuyo archivo aún no sea firme, es decir que el juez instructor (el primero que ve la causa), archive la denuncia y mientras la parte contraria no obtenga en un recurso otra resolución, las visitas a los menores seguirán en suspenso o limitadas dependiendo de la rapidez de los magistrados de la Audiencia Provincial en resolver dicho recurso, lo que supone un grave perjuicio para los niños sin finalmente se demuestra la inocencia del acusado».

La abogada se muestra segura en afirmar que «los jueces y fiscales no van a prohibir directamente el régimen de visitas del progenitor encausado, si bien ahora la regla general es la suspensión de las mismas y la excepción es su mantenimiento. No obstante, considero que los jueces ahora serán algo más severos cuando se trate de delitos graves y existan indicios fundados y racionales que acrediten los hechos».

En cualquier caso —matiza— «las reformas legales no tienen tanto impacto como parece apuntar su literalidad. Son simples recomendaciones hacia jueces y fiscales para que sepamos la tendencia del legislador: la protección de los menores que son víctimas de sus progenitores».

Sobre si esta ley podrá suponer un coladero de denuncias falsas (tanto por parte de hombres como de mujeres) la aboga cree que «tal y como ha sucedido con las denuncias por delitos de violencia de género, es indiscutible que algunos progenitores pueden utilizarlo con fines espurios para destruir la relación materno/paterno filial. Por ese motivo, los jueces y fiscales deben ser cautos», recuerda. Hay otro artículo que ya había impedido la atribución de la custodia compartida al progenitor que esté incurso en un proceso penal. Este articulado lleva desde el 2005 vigente siendo un coladero también de algunas denuncias sin tipicidad penal. El fin de algunas denuncias es la de obtener ventajas en los procesos de divorcio», sostiene Maraña.

Mejoras en la protección al menor

La letrada considera que «sí que puede ayudar a salvar la vida y la integridad de los menores en algunos supuestos, pero en otros casos se pueden llegar a cometer injusticias. Todos hemos visto en casos de asesinatos cómo la sociedad pedía mayores medidas de protección a los menores en los delitos de violencia familiar, especialmente cuando uno hace daño al otro a través de los hijos, pero —recuerda— desgraciadamente no suele haber denuncias previas. Se ha avanzado mucho afortunadamente en la consideración de otras formas de violencia familiar, como la de género, pero seguimos anclados en el pasado en los delitos hacia los menores dentro del ámbito familiar».



Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *