Informe de HRW sobre retroceso de libertades en Colombia y América Latina – Latinoamérica – Internacional

Informe de HRW sobre retroceso de libertades en Colombia y América Latina – Latinoamérica – Internacional



Los abusos de la policía contra civiles en el marco de la protesta social en Colombia, el asesinato de defensores de derechos humanos y el recrudecimiento de la violencia en cierta zonas del país figuraron alto en la evaluación anual correspondiente al año 2021 que entregó este jueves la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW).

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En su informe, de más de 700 páginas, la ONG afirma que durante el año anterior se presentó en América Latina un “alarmante retroceso” en materia de libertades básicas por cuenta de ataques a la independencia judicial, la libertad de prensa y contra la sociedad civil además de crecientes necesidades humanitarias asociadas con la crisis por el covid.

En el caso de Colombia, HRW afirma que miembros de la Policía Nacional “respondieron a protestas mayormente pacíficas dispersando de manera arbitraria a manifestantes y recurriendo a un uso excesivo de la fuerza, incluyendo el empleo de municiones letales”.

Afirma, además, que el Gobierno no ha adoptado medidas significativas para reformar la fuerza policial, ni un marco jurídico que contribuya a que se haga justicia por estas violaciones de derechos humanos.

“Los abusos policiales contra manifestantes ocurridos durante el paro nacional no tienen precedentes en la historia reciente de Colombia. Lamentablemente, la transformación de la policía que ha propuesto hasta ahora el gobierno del presidente Duque no enfrenta los problemas estructurales más graves de la institución y hace muy poco para garantizar que estos abusos policiales no vuelvan a ocurrir. Llevar a cabo una reforma profunda y seria de la policía debe ser una medida prioritaria”, dijo a este diario Juan Pappier, que se encarga del tema de Colombia en esta ONG.

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Según el reporte, durante 2021 las disidencias de las Farc, el Eln y otros grupos criminales sembraron el terror en zonas remotas del país donde la violencia se había reducido tras la firma de los acuerdos de paz. Y cita numerosos casos de asesinatos, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores.

Así mismo documenta el número más alto de masacres (82 reportadas) que se cometen desde el año 2014. Y también expresa alarma por la muerte de más de 450 activistas desde el 2016, una cifra que convierte a Colombia en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer esta profesión.

Un mes de Paro Nacional

En la Plaza de Bolívar de Bogotá, Colombia, se protagonizaron enfrentamientos entre la Policía y manifestantes en el marco del Paro Nacional. (Foto de archivo)

Foto:

Néstor Gómez/ CEET

Para Pappier, “la cantidad de homicidios, masacres y desplazamientos forzados que ocurrieron en 2021 es muy preocupante. Si no se toman medidas serias y urgentes, hay un riesgo grande de que varias comunidades en zonas remotas del país pronto vuelvan a vivir niveles de violencia similares a los que existían antes del proceso de paz”.

De acuerdo con el informe, la pandemia del covid-19 y las medidas que se tomaron para controlarla tuvieron “un impacto devastador en términos de pobreza y desigualdad social”.

El reporte también menciona la impunidad por abusos cometidos en el pasado, los obstáculos a la restitución de tierras y las limitaciones a los derechos reproductivos como otros problemas que siguieron presentándose en el país durante el 2021.

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Protesta Cali

Una protesta en la plazoleta de San Francisco de Cali, Colombia, en contra del asesinato de líderes sociales. (Foto de archivo)

Foto:

Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO

Alerta por erosión de la democracia en países de América Latina

De acuerdo con Tamara Taraciuk, directora interina para las Américas en HRW, a nivel regional, el 2021 se destacó por ser un año en el que se tuvo que defender espacios democráticos que se daban por sentados.

“Incluso líderes que llegaron al poder mediante elecciones democráticas han atacado a la sociedad civil independiente, la libertad de prensa y la independencia judicial”, dijo Taraciuk tras mencionar que los desafíos que se están presentando son los más graves en décadas.

Y como ejemplos pone varios casos como el de Nicaragua, donde dice que las elecciones de noviembre pasado se llevaron a cabo sin las más mínimas garantías democráticas. En Cuba, HRW sostiene que el Gobierno realizó abusos sistemáticos contra críticos y artistas, incluyendo detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos y procesos penales abusivos, en respuesta a protestas mayormente pacíficas en contra del Gobierno.

En Venezuela, la ONG destaca la decisión tomada en noviembre por el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) cuando abrió una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la gestión de Nicolás Maduro.

Así mismo, incluye el balance de una misión electoral independiente de la Unión Europea en el que se documentan numerosas arbitrariedades durante las elecciones regionales que afectaron su transparencia e imparcialidad.

El reporte también critica al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por sus ataques intimidatorios contra el Tribunal Supremo y acusaciones sin fundamento sobre un supuesto fraude electoral.

En México, sostiene HRW, el presidente Andrés Manuel López Obrador “continuó sus ataques mediáticos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, así como sus esfuerzos por eliminar organismos públicos independientes que limitan su poder y por cooptar el sistema judicial para perseguir a enemigos políticos”.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele y sus aliados en la legislatura reemplazaron sumariamente a los magistrados de la Corte Suprema con quienes diferían y promulgaron leyes para remover a cientos de fiscales y jueces de instancias inferiores.

Los nuevos magistrados designados a la Corte Suprema resolvieron que Bukele podía postularse a la reelección consecutiva, a pesar de una disposición constitucional que lo prohíbe. Su gobierno también propuso una ley de “agentes extranjeros” que, de ser aprobada, podría limitar gravemente el trabajo de periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, en Argentina, Bolivia, Perú y Guatemala, sostiene el informe, diversos esfuerzos orientados a debilitar la independencia judicial o a utilizar el sistema de justicia con fines políticos han amenazado el sistema democrático de pesos y contrapesos.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En Twitter: @sergom68

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